Las resoluciones aprobadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para contrarrestar la denominada como “plaga de topillo campesino” preocupan de forma alarmante a los grupos conservacionistas de esta Comunidad. El uso de veneno en cuatro comarcas así como las autorizaciones de quema no resolverán el problema de fondo y contradice el catálogo propuesto por la Administración en fechas previas a estas publicaciones.
La citada consejería, a través de la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, ha adoptado como medida fitosanitaria la aplicación con producto rodenticida formulado con bromadiolona y la quema de la cubierta vegetal en vías de dispersión para la prevención y control de la plaga del topillo campesino (Microtus arvalis) en territorios de Castilla y León.
Argumentan que el sistema de vigilancia y control de la población de topillos, previsto en el Plan director de lucha contra las plagas agrícolas en Castilla y León, detectó un incremento demográfico de estas poblaciones en la primavera de 2016, momento a partir del cual se intensificó la vigilancia sobre la evolución de los topillos con evaluaciones extraordinarias en todo el territorio comunitario. Al parecer, la situación se trasladó al grupo de expertos sobre vertebrados perjudiciales en agricultura y en la reunión celebrada en Madrid, el pasado 14 de octubre, se reconocía la existencia de una situación de emergencia fitosanitaria a juicio de las administraciones.
Desde Galérida Ornitólogos, valoramos como muy negativas las dos resoluciones adoptadas y nos remitimos a las experiencias pasadas en la anterior plaga de topillos de 2007. Entonces se pudo comprobar cómo el uso indiscriminado de veneno por los campos de Castilla y León generó enormes desequilibrios en las poblaciones de seres vivos e incluso hasta la Federación Regional de Caza elevó la voz para criticar el uso de veneno y las consecuencias sobre las especies cinegéticas. Las secuelas de este procedimiento administrativo se padecen aún en extensos territorios comarcanos y pueden verse agravadas por una nueva autorización que carece de rigor resolutivo cuando los métodos a emplear deberían ser otros como la propia Junta argumentaba hace escasos días. Laboreos adecuados y preventivos, encharcamientos y vigilancia puntual, la ayuda de agentes externos como rapaces diurnas y nocturnas, la aplicación de sistemas de trampero respetuosos, etc. pueden y deben ser las normas básicas de actuación a nuestro juicio. El uso de veneno no es la panacea para resolver un problema que tiene su origen en los profundos desequilibrios causados como consecuencia de técnicas agrícolas extensivas, monoespecíficas en las variedades de cultivo y agresivas con el suelo y el equilibrio biológico de todos los seres vivos que viven en contacto con él. Las comarcas agrarias afectadas por el uso de veneno son: Campos en Palencia, Campos-Pan en Zamora, Tierra de Campos en Valladolid y Peñaranda de Bracamonte en Salamanca. Varios municipios de esta última comarca son colindantes con municipios de la comarca de La Moraña en Ávila.
Con las quemas vuelven a cometerse errores pasados y existen serias dudas sobre su idoneidad. Quemar cunetas, linderos y desagües supone arrasar estos pequeños espacios que sirven como reservorios para numerosas especies tanto protegidas como cinegéticas y que podrían colaborar activamente en el control del topillo. Una vez más se adoptan medidas desmedidas que ahondan más en el desequilibrio estructural de las pirámides poblacionales existentes y que con gran dificultad han tenido que adaptarse a las tremendas concentraciones agrarias, a los monocultivos, a la desertización creciente de gran parte de nuestro agro, a la sobreexplotación de los recursos faunísticos, a las molestias ocasionadas campaña tras campaña, o las quemas indiscriminadas que han ido empobreciendo los suelos comunitarios, así como un reguero de decisiones técnico-administrativas desafortunadas que han conducido al campo agrario comunitario a un desequilibrio y debilitamiento biológico sin parangón.
Este pasado jueves 15 de diciembre hemos asistido en Valladolid a una reunión de coordinación alternativa para estudiar las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León. Un nutrido grupo de asociaciones conservacionistas, con la voluntad de poner el mayor freno posible a esta improvisada reacción a base de veneno y quemas en las vías de dispersión, aunarán esfuerzos para hacer llegar a la sociedad y a los agentes implicados su desacuerdo y sus propuestas alternativas ante la situación administrativa creada.
Entre los temas abordados se consensuó finalmente presentar sendos recursos de alzada a las dos resoluciones publicadas en el BOCyL de 15 de diciembre. También, realizar una solicitud formal sobre los informes técnicos de la comisión de roedores y otros vertebrados del comité científico de lucha contra las plagas agrícolas en Castilla y León, en reunión celebrada el día 16 de noviembre de 2016, en la cual se valoró el informe de evaluación y estado de situación del topillo campesino correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2012 y agosto de 2016, así como el informe con los resultados de la evaluación extraordinaria realizada durante los meses de septiembre y octubre de 2016. Otra iniciativa acordada será la creación de una plataforma colectiva y ciudadana y la redacción de un documento que recoja todos los aspectos de interés sobre esta problemática en el que se acentuarán los aspectos negativos de las medidas adoptadas por la administración y los argumentos en los que se apoye la plataforma para el conocimiento, reflexión y debate de las alternativas que se vayan proponiendo desde la misma. Se pretende que este documento sirva para afianzar alianzas con los sectores afectados con el fin de que sea compartido y puedan adherirse otras entidades públicas y sociales.
No cabe duda que la riqueza que aportan nuestros campos debería considerarse como un bien patrimonial tangible y necesario para todos. Somos números y cada día más, los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos al marco general en el que sitúa la agricultura como una actividad estratégica de primera magnitud. De ella dependemos para comer y consideramos a este sector primario como el garante primigenio de nuestra salud y de nuestro bienestar social. Por estos motivos y por otros, nos mostramos muy preocupados por estas resoluciones que abogan por un modelo desfasado y peligroso. El uso de veneno prohibido, aunque se autorice de manera excepcional, crea un gran desasosiego en importantes capas de la sociedad que, como bien reseñábamos en líneas anteriores, paga sus impuestos para que las cosas se hagan bien y no se generen problemas encadenados. No queremos veneno y no queremos quemas pueriles de nuevo. La experiencia y los estudios que se realizan contravienen este tipo de prácticas que por ancestrales no tienen por qué ser adecuadas y de hecho no lo son.
La relación de colectivos asistentes es la siguiente: Grupo de Estudio Ambientales Galérida Ornitólogos (La Moraña AV), Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA Valladolid), Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA), Colectivo Bellotero (Salamanca), Colectivo Azálvaro (Segovia), Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona (GREFA), Asociación de Guías Ornitológicos y Alojamientos Rurales de Castilla y León (GOYARCYL) y Ecologistas en Acción (Castillas y León). También asistió Javier Viñuela (IREC). Otros colectivos que han mostrado su apoyo son: Asociación Garrapinos (Valladolid), Asociación de Naturalistas Palentinos (ANPA), Asociación Zamorana de Ciencias Naturales y Asociación para el Estudio y Protección de la Naturaleza URZ (León).
Imágenes de autor (2, 3, 4 y 5) GREFA (1 y 6)
Nota de prensa: GALÉRIDA ORNITÓLOGOS