«Si salimos de la crisis, el proyecto de la urbanización saldrá adelante»José Martín Llorente, alcalde de la localidad morañega, que el viernes declarará como imputado en el Juzgado de Arévalo, asegura que «exactamente, no sé de qué se nos acusa»
J.L.Robledo
Después de las declaraciones de Luis Ilarraza, propietario de Inveralde, empresa promotora de la urbanización de Villanueva de Gómez, y de Raúl García Marcos, ingeniero que elaboró el proyecto, el viernes pasará por el Juzgado de Arévalo José Martín Llorente, alcalde de la localidad. Estas declaraciones forman parte de las diligencias penales abiertas por el Juzgado de Arévalo a raíz de la denuncia presentada a principios del año 2008 por varias organizaciones ecologistas y CCOO.
En 2006 comenzó la construcción de los viales de la urbanización y de una gran balsa de agua. Tres años después, y cuando estas obras ya estaban casi acabadas, el Juzgado de lo Contencioso de Ávila ordenó la paralización de los trabajos, decisión que directamente no afectó a la empresa constructora, dado que previamente ya había decidido no continuar con las obras debido a la situación económica y a la paralización del mercado inmobiliario.
José Martín, alcalde de Villanueva de Gómez desde el año 99, asegura que «exactamente no sé de qué nos acusa». El regidor recuerda que los terrenos de la futura urbanización, fincas de pinar de titularidad privada, fueron declarados urbanizables en 1980. Diez años más tarde, los pinares propiedad de Unión Resinera, unas 800 hectáreas, fueron adquiridos por una empresa salmantina que entre 1999 y 2004 inició los trámites para construir una urbanización. Antes de su venta a Inveralde en 2004, la empresa salmantina logró una concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica y que tanto la Comisión Territorial de Urbanismo, como la de Medio Ambiente, dieran el visto bueno al sistema general de viales y al sector tres. Después, tras la compra por parte de Inveralde, esta empresa continuó con el proyecto y comenzó a comprar las fincas situadas al lado de las que en su día fueron propiedad de Unión Resinera. «Desde el Ayuntamiento no hemos recalificado ningún metro cuadrado de terreno, y la única licencia de obras que hemos otorgado ha sido ejecutar los viales, después del visto bueno correspondiente por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo», afirma José Martín.
El regidor tiene claro que «estos días estamos siendo sometidos a un juicio paralelo por algunos medios. Por desgracia, en nuestro país las palabras urbanizaciones y especulación se han convertido en sinónimos, aunque en nuestros caso todos los trámites se han cumplido conforme a la ley. Ahora mismo volvería a firmar la licencia de obras de los viales». Además, afirma que el desarrollo futuro de la urbanización es paralelo a la crisis. Si logramos salir de la crisis, el proyecto saldrá adelante.
Después de las declaraciones de Luis Ilarraza, propietario de Inveralde, empresa promotora de la urbanización de Villanueva de Gómez, y de Raúl García Marcos, ingeniero que elaboró el proyecto, el viernes pasará por el Juzgado de Arévalo José Martín Llorente, alcalde de la localidad. Estas declaraciones forman parte de las diligencias penales abiertas por el Juzgado de Arévalo a raíz de la denuncia presentada a principios del año 2008 por varias organizaciones ecologistas y CCOO.
En 2006 comenzó la construcción de los viales de la urbanización y de una gran balsa de agua. Tres años después, y cuando estas obras ya estaban casi acabadas, el Juzgado de lo Contencioso de Ávila ordenó la paralización de los trabajos, decisión que directamente no afectó a la empresa constructora, dado que previamente ya había decidido no continuar con las obras debido a la situación económica y a la paralización del mercado inmobiliario.
José Martín, alcalde de Villanueva de Gómez desde el año 99, asegura que «exactamente no sé de qué nos acusa». El regidor recuerda que los terrenos de la futura urbanización, fincas de pinar de titularidad privada, fueron declarados urbanizables en 1980. Diez años más tarde, los pinares propiedad de Unión Resinera, unas 800 hectáreas, fueron adquiridos por una empresa salmantina que entre 1999 y 2004 inició los trámites para construir una urbanización. Antes de su venta a Inveralde en 2004, la empresa salmantina logró una concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica y que tanto la Comisión Territorial de Urbanismo, como la de Medio Ambiente, dieran el visto bueno al sistema general de viales y al sector tres. Después, tras la compra por parte de Inveralde, esta empresa continuó con el proyecto y comenzó a comprar las fincas situadas al lado de las que en su día fueron propiedad de Unión Resinera. «Desde el Ayuntamiento no hemos recalificado ningún metro cuadrado de terreno, y la única licencia de obras que hemos otorgado ha sido ejecutar los viales, después del visto bueno correspondiente por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo», afirma José Martín.
El regidor tiene claro que «estos días estamos siendo sometidos a un juicio paralelo por algunos medios. Por desgracia, en nuestro país las palabras urbanizaciones y especulación se han convertido en sinónimos, aunque en nuestros caso todos los trámites se han cumplido conforme a la ley. Ahora mismo volvería a firmar la licencia de obras de los viales». Además, afirma que el desarrollo futuro de la urbanización es paralelo a la crisis. Si logramos salir de la crisis, el proyecto saldrá adelante.